Los últimos acontecimientos regionales
vuelven a poner en evidencia
la actualidad y la eficacia
de la guerra política por vía judicial.
¿Qué es el 'lawfare'?
¿Quiénes son sus actores protagónicos?
¿Qué incidencia tienen en él los Estados Unidos?
América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa.
Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico.
El 'lawfare', inicialmente asociado a una "guerra contra la corrupción",
se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Se trata de un proceso de largo aliento que no se restringe a la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos.
Es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública.
Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (locales y extranjeros).
Se caracteriza por,
el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación.
Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear).
El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos.
Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de think tanks estadounidenses) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales.
"El 'lawfare' incorpora
jueces, corporaciones de la comunicación,
periodistas y líderes de opinión,
policías, embajadas
y agentes de inteligencia"
al neoliberalismo
la tecnificación de la política
la despolitización del Estado
el reforzamiento de sus aparatos represivos...
Ante estos procesos, y considerando la coyuntura de disputa actual, el siguiente texto presenta,
En una primera parte, el contexto regional y geopolítico donde se produce el 'lawfare', así como los antecedentes de esta estrategia de desestabilización y criminalización de la política, poniendo especial atención en el rol de EE.UU.
En una segunda parte, se presentan casos específicos que dan cuenta del modo en que opera el 'lawfare': los actores, intereses y dinámicas implicadas.
El 'lawfare' en América Latina hoy y sus antecedentes
como territorio propio o parte "natural" de su esfera de influencia...
Se desplegaron diversas herramientas de poder duro y blando plasmadas en procesos de desestabilización e intentos deliberados de golpes de Estado (algunos exitosos, otros truncos):
golpe cívico-militar, golpe parlamentario, golpe mediático, guerra psicológica, guerra híbrida, con el objetivo de deslegitimar, desmoralizar y en última instancia expulsar de la política a estas experiencias y su legado.
(Roitman, 2017; Borón, 2012; Allard y Golinger, 2009)
El 'lawfare', sin embargo, no es producto único y original de los intereses foráneos.
Las derechas y las minorías privilegiadas de América Latina son el eslabón fundamental para que pueda operar con éxito.
Esta dependencia adquiere una legalidad y sistematicidad a partir del orden internacional articulado en la posguerra (1944-1945) donde también se instituye, legaliza y legitima el sistema de relaciones centro-periferia (Pinheiro Guimaraes, 2004), en un esquema de creciente polarización entre capitalismo ("Occidente") vs. comunismo ("Oriente") (Said, 2004), a través de una serie de organismos, financiamientos y vínculos que marcaron la presencia de EE.UU. en América Latina.
EE.UU. y la guerra política por los corazones y las mentes en América Latina
Las principales instituciones internacionales, desde,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI),
...formaron parte de la proyección de los intereses de EE.UU. a nivel internacional, en particular aquellos asociados a la expansión de una economía anclada en un vasto complejo industrial militar.
En el marco de las crecientes tensiones con la Unión Soviética, se fue organizando el terreno geopolítico para un enfrentamiento indirecto permanente, calificado de Guerra Fría.
América Latina, en la esfera de influencia de EE.UU., tuvo su rol como proveedora de recursos estratégicos y materias primas, así como de receptora en el mercado de asistencia para el desarrollo y la seguridad impulsado desde allí.
Los procesos emancipadores, que reivindicaban la soberanía y la autodeterminación, el nacionalismo y el antiimperialismo de posguerra, fueron percibidos como una amenaza, asociados inmediatamente a un inminente avance del comunismo en la región (González Casanova, 1979).
A pesar de centrarse en actividades de comunicación y diplomacia pública, incluyó también operaciones encubiertas.
Según documentos en su momento secretos, estas operaciones implicaban:
Actividades conducidas o financiadas por este gobierno [EE.UU.] contra Estados o grupos extranjeros hostiles, o a favor de Estados aliados, que se planean y ejecutan de modo tal que el gobierno estadounidense no aparece como responsable, a los fines de poder desentenderse de tales hechos y personas [Incluía] propaganda, guerra económica […] asistencia a movimientos insurgentes, guerrillas y grupos de refugiados, así como el apoyo a grupos anticomunistas locales en países que estén amenazados por el comunismo en el mundo libre.
FRUS 1945–1950, Doc. 274, subrayado de la autora
En cuanto a la guerra política, paraguas bajo el cual operaba la guerra psicológica, era por definición "la continuación de la guerra por otros medios" y abarcaba desde acciones abiertas como alianzas políticas, medidas económicas, y propaganda, hasta acciones encubiertas y apoyo clandestino a socios o amigos en otros países, guerra psicológica, así como el apoyo e incentivo de resistencia de base en países enemigos.
FRUS, 1948
En este escenario, el anticomunismo constituyó uno de los ejes ordenadores y legitimadores de la reproducción ideológica y la justificación a nivel nacional e internacional, de las intervenciones de EE.UU. durante la Guerra Fría (Chomsky y Herman, 1979).
Una división entre "nosotros" y "ellos", entre "nosotros" y el "enemigo", que fue mutando a otras formas de nominarlo, incluso después de la implosión de la Unión Soviética:
"eje del mal", "regímenes no democráticos" o "autoritarios", "Estados fallidos", "Estados terroristas".
Chomsky y Herman, 2000
Como resultado de la doctrina anticomunista, materializada en políticas contrainsurgentes operadas por los gobiernos locales, apoyados en mayor o menor medida por EE.UU., se llevó a cabo,
el golpe contra Jacobo Arbenz (1954) (Cullather, 2002)
la desarticulación de la Revolución Boliviana de 1952 (Field, 2016)
el permanente asedio a la Revolución Cubana
el golpe contra Joao Goulart en Brasil en 1964 (Romano, 2013)
el golpe contra Salvador Allende en 1973
la guerra en Centroamérica (Tapia Valdés, 1980; Bermúdez, 1987)
En efecto, sus intelectuales recomiendan reforzar medidas de "poder blando": guerra psicológica, sanciones económicas y presión diplomática.
"Uno de los nexos
con estos procesos de Guerra Fría,
es la reivindicación de la 'guerra política'
como alternativa más conveniente
para recuperar la hegemonía decadente
de EE.UU. frente a China"
El 'Lawfare' como "poder blando" en la actualidad
una manera de lograr que los otros hagan lo que yo quiero, sin recurrir necesariamente al uso de la fuerza (Nye, 2004).
Por definición, se postula al 'lawfare' como una guerra "por otros medios", en este caso, por la vía legal.
Se entiende que dirimir la batalla en los tribunales nacionales e internacionales es menos violento y "más justo" (Dunlap, 2009).
Esta asistencia forma parte de las estrategias de legitimación de la expansión del capital monopólico estadounidense luego de la Segunda Guerra Mundial.
El Punto IV de Truman (1949) es un ejemplo, siendo el más ilustrativo la Alianza para el Progreso y los diversos programas de la AID (hoy USAID) a partir de los años sesenta.
Esta tenía por objetivo contribuir al desarrollo de los países del continente, en clave de "modernización" de la infraestructura, acceso a salud, educación, incluso el sistema de cultivos (traducido en la "revolución verde" para mejorar el rendimiento y favorecer la producción en escala) (Delgado y Romano, 2013).
Este proceso tuvo como protagonistas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que organizaron la neoliberalización de las economías, retomando las premisas de los Chicago Boys impartidas al calor del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile (Harvey, 2007) y cumpliendo los designios de la Comisión Trilateral conformada a inicios de la década de 1970.
"El 'lawfare',
como herramienta de 'poder blando',
se combina y opera con otras herramientas
propias de la guerra psicológica y política,
entre ellas la asistencia para el desarrollo"
Las agencias del Estado estadounidense articularon con las IFI en diversos aspectos de las reformas de los Estados.
El BID habilitó aproximadamente 1,2 mil millones de dólares entre 1992 y 2011 para la reforma judicial, en forma de préstamo (endeudamiento del Estado) (Pásara, 2012: 4).
En general, la USAID prefiere advertir que el apoyo a las reformas jurídicas se ha centrado en cuestiones "técnicas" en lugar de "políticas", evitando aspectos contextuales que afectan profundamente el funcionamiento de los sistemas jurídicos.
Desde el punto de vista de las agencias involucradas en esta asistencia:
"la reforma judicial ha sido largamente considerada como un prerrequisito para la consolidación de la democracia y para el desarrollo sustentable en América Latina.
Muchos países de la región llegaron a la última década del siglo XX con instituciones jurídicas ineficientes y políticamente vulnerables".
De Shazo y Vargas, 2006
Sin embargo, hay varios aspectos que están asociados a estas reformas vía asistencia:
el primero es el de préstamos que endeudan a los Estados
el segundo es la intervención política disfrazada de asesoría técnica
el tercero, la naturalización de la asistencia y la asesoría como algo necesario y bueno en sí mismo (con la contracara: el vínculo de dependencia que genera)
(Romano, 2020)
un mal propio (inevitable) de lo público y del Estado...
Esta corrupción debe ser extirpada del Estado apelando entonces a,
las "buenas prácticas" del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la "lógica" de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de "los políticos" (léase: militantes, funcionarios con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (supuestamente apolíticos).
Romano y Díaz Parra, 2018